Día 27/01/2014
ABC
Madrid
acontecimientos)
Ram
Bhavnani, uno de los principales inversores de nuestro país, dijo sobre España:
«Si hubiera tanto paro nos mataríamos los unos a los otros». ¿Nos mataríamos?
Quién sabe. Pero, sin entrar en antropologías: ¿quién sabe cuánta gente trabaja
bajo cuerda?
Rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros del 11 de octubre. La voz amplificada por los micrófonos, y después
por la prensa, radio y televisión, es la de Soraya
Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta del Ejecutivo hace
balance del año y medio del plan de lucha contra el fraude fiscal y a la
Seguridad Social, «el más ambicioso de la historia reciente de nuestro país», y
anuncia que el Gobierno ha detectado a 520.572 parados «que
cobraban la prestación por desempleo y que trabajan en B». La cifra es más que impactante puesto que representa
que alrededor del 20% de los receptores defrauda, ya que casi 2.800.000 parados recibían entonces
algún tipo de prestación. Escasos minutos
después de las palabras de Santamaría, fuentes del ministerio de Empleo aclaran
los términos. Una gran mayoría de esos más de 500.000 falsos parados a los que
aludía la vicepresidenta lo eran por problemas administrativos, como puede ser
por no presentar los papeles necesarios o no acudir a la cita previa. Se
trataba para la mayor parte de los casos de suspensiones temporales.
En agosto de 2010 ocurre algo similar. David
Cameron, que lleva pocos meses como primer
ministro del Reino Unido, promete una combativa campaña contra «el fraude y el
error» en las prestaciones yque cuestan al contribuyente 5.200
millones de libras cada año, como «200 escuelas o
150.000 enfermeras». De nuevo, las cifras vuelven a bailar pegadas, error y fraude, ya que sólo 1.600 millones pertenecen a la segunda
categoría, cantidad que además aúna las de dos carteras: Hacienda y Trabajo. Y
para añadir más madera al debate de los números que no son, viene César
Alierta, el presidente de Telefónica, y afirma que la economía sumergida en
nuestro país, que él cifra en un 20% del PIB, distorsiona la tasa de paro, que
en realidad es mucho más baja. Y que de alguna manera secunda lo que ya dijo Ram Bhavnani, uno
de los principales inversores de nuestro país: «Si hubiera tanto paro nos
mataríamos los unos a los otros». ¿Nos mataríamos? Quién sabe. Pero, sin entrar
en antropologías: ¿quién sabe cuánta gente trabaja bajo cuerda?
«El paro indudablemente es real y la EPA
está reconocida como una de las estimaciones más solventes. El que puedan
trabajar en la economía sumergida no indica lo contrario. No me equivocaría si
digo que todas esas personas están deseosas de encontrar un trabajo en la
economía real», dice José María Mollinedo, secretario general del sindicato de
técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). «Se viene a decirnos que los
"parados" son falsos porque muchos trabajan y son "empleados
irregulares". Sin embargo, esta afirmación no es válida desde el punto
de vista científico», comenta al respecto Domingo Carbajo, inspector de
Hacienda, que habla también de que «sería bueno dejar en España de utilizar
alegremente datos y cifras sin ningún contraste y sin ninguna validez en
materias socialmente muy delicadas».
Precisamente con la última EPA de 2013 recién salida del
horno, que informa de una tasa de paro mayor del 30% en
Huelva, Toledo y Alicante, por ejemplo, y en
vista de la paz social existente («Gamonales» aparte), la conclusión de
Bhavnani hay que plantearla.«Que no haya situaciones explosivas en muchos
lugares con elevadas tasas de desempleo viene motivado por una mayor cifra de
economía sumergida, al colchón familiar y algunas instituciones.Creemos que
hay una tasa alta de fraude laboral, pero datos oficiales no hay», explica
el secretario general de Gestha.
«¿De verdad vamos a resolver el fraude o
la economía sumergida si ni siquiera sabemos qué volúmenes alcanza?», se
pregunta Carbajo, autor junto al catedrático de Economía Aplicada de la
Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, de un estudio que estima que la economía extraoficial alcanzó el año
pasado el 28,7% del PIB. «Datos reales es
difícil que se conozcan, pero el fraude laboral está bastante generalizado. Es
un tema delicado porque enseguida te recuerda a las personas que están
moviéndose lo que pueden o los que viven una tragedia familiar porque ningún
miembro trabaja», dice Sandalio Gómez, profesor del IESE y experto en temas
laborales, que añade:«Lo cortés y lo justo es actuar con dureza con los
“caras” y volcarse con los más necesitados».
A mediados de este mes, la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, adelantó que el plan de lucha contra el fraude
laboralhabía conseguido aflorar 161.381 empleos
irregulares en los dos últimos años. Como se ha mencionado antes, tal número
incluye tanto el trabajo «en negro» como los errores administrativos de todo
tipo o, por ejemplo, trabajar en una categoría inferior a la que se realiza y
cobra. De nuevo se lanzaba una cifra sin desglose, aunque la ministra anticipaba el informe detallado
que se hará público durante este primer trimestre de 2014. Pero, ¿es correcto
ofrecer los datos de esta manera? «Esto es un defecto que hemos visto en la
exposición y que creemos que aleja la cuestión», dice Mollinedo.
En un ejemplo se observa mejor la
importancia del conocimiento minucioso. En el primer semestre de 2013, Empleo retiró a 60.004 parados la
prestación por desempleo, según hizo público la
propia Báñez en agosto, de los cuales a 5.833 se les quitó por recibirla a la
vez que trabajaban ilegalmente. «Mirado en conjunto esas 5.000 personas no es
una cifra muy abultada. Nosotros creemos que el
foco no debería centrarse en el trabajador que intenta sobrevivir
irregularmente sino sobre las empresas que pagan en B», apunta el representante de Gestha. «Como
economista, no me parece serio el discurso de las "grandes cifras"
del paro, economía sumergida, etc. si el mismo no va acompañado de una descripción
de las fuentes estadísticas en las cuales se basan los datos y de las cifras
utilizadas», afirma Carbajo, que hace distinción entre lo que él llama
«afirmación política» y «afirmación científica», en un sentido como el que
apunta el escritor británico Owen Jones en su libro «Chavs», en este caso
referido al ejemplo inicial de Cameron:«Rebatir que el fraude en las
prestaciones es exagerado no equivale a negar su existencia». Jones,
de hecho, denuncia un uso torticero de las cifras por parte del líder de los
conservadores británicos: «Se aseguraba que una cifra mucho mayor apareciera en
los titulares asociada al fraude en las prestaciones y quedara grabada en la
imaginación popular».
Hundidos
en la economía sumergida
Ampliando el campo de batalla a la economía
sumergida total, en la mayoría de estudios al respecto España
ocupa un lugar en la parte alta de los países europeos con mayor impacto de
este fenómeno, formando la triada de la ignominia junto a Italia y Grecia. Sin
embargo, no hay datos oficiales sobre esta realidad, algo que, en opinión de
Carbajo, revela que «los políticos no quieren decir la verdad en asuntos que no
les interesan, a pesar de que si algo no se puede medir, no se puede resolver».
¿Por qué el porcentaje de economía irregular es tan alto?
«Para exponer las causas de la economía
sumergida —que no son "culturales", como algún pensamiento xenófobo
pretende, atribuyéndolas a los "rasgos de los pueblos latinos" y
otras memeces racistas— necesitaríamos conocer de qué estamos hablando y
tendríamos que precisar su contenido»,
insiste el inspector de Hacienda. Mollinedo apunta a causas de procedimiento
para explicar el crecimiento de la economía extraoficial. Desde que se creó la
Agencia Tributaria en 1992, explica, cada año sin excepción se han cumplido los
planes y los objetivos establecidos, que se proyectan de una manera
incremental, que suele ser añadir la inflación prevista. «Pero si miras los
estudios de economía sumergida que se han publicado de manera no oficial, de
manera oficiosa, como los de Funcas o los de distintas universidades, verás que
todos coinciden en que la economía sumergida crece cada año en volumen». En conclusión, se
cumplen siempre los objetivos pero cada año se incrementa la economía sumergida.
Según cuenta el secretario del sindicato
de Técnicos de Hacienda, esta ineficacia en el sistema por supuesto que se ha
planteado, aunque no con la acogida que cabría esperar. «Todos los gobiernos
se han contentado con ir cumpliendo los objetivos cada año para
ir ofreciendo unos datos muy buenos de lo bien que se ha quedado respecto al
año anterior». O sea, otra vez a vueltas con el manejo de las cifras. Y, en la
época del mantra de la reducción del déficit, Mollinedo cree que se está
permitiendo que la economía sumergida exista en tamaña proporción, con la
pérdida de ingresos que vendría de la mano de un mayor afloramiento.
«Hemos visto como con otras políticas administrativas
han conseguido por ejemplo reducir la siniestralidad en el tráfico. Han sido
necesarias muchas medidas coercitivas y también concienciación ciudadana. Se ha
demostrado que los ciudadanos nos atenemos más al control de la velocidad, de
alcoholemia,… Cuando hay una decisión para reducir un resultado, se
consigue. Y con el fraude laboral y fiscal no ha habido esa implicación», sostiene el de Gestha, para plantear nuestra
particular y bastante primordial gesta: «Queda mucho camino por recorrer, pero
el primer objetivo es reorganizar el nivel de competencias para que tengamos
mucha más ambición en la lucha contra la economía sumergida y no sólo en las pequeñas irregularidades». En efecto, se refiere al
reparto de la tarta del fraude, al hermoso y mayoritario trozo que se comen las
grandes empresas.
