ELISA DE LA NUEZ
09/04/2014 eL
MUNDO
La corrupción engendra corrupción
La autora dice que cuando se legisla sobre
regeneración siempre es a futuro y no para asumir responsabilidades Afirma que
en los países en los que hay mayor percepción de la corrupción es más difícil
luchar contra ella
AHORA QUE la contemplación diaria de los resultados de la corrupción y el
mal gobierno generalizado nos ha dejado tan claro el pésimo funcionamiento de
nuestras instituciones, especialmente de las de supervisión y control, el
sistema político nacido en la Transición empieza a incurrir en una especie de
esquizofrenia. Por una parte, tiene que atender al clamor ciudadano y a las
recomendaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra
la corrupción –muy especialmente la transparencia– pero por otro lado quiere
hacerlo intentando no comprometer el sistema clientelar subyacente y de captura
de rentas públicas del que depende en gran medida su subsistencia. De ahí que
las medidas de regeneración que se proponen sean siempre a futuro, y nunca
obliguen a asumir las muy presentes responsabilidades del aquí y ahora, o que
se pretenda controlar el frente judicial que tantos daños colaterales es
todavía capaz de causar, ya sea vía CGPJ o con el nuevo Proyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial. En fin, se persigue la cuadratura del círculo,
luchar contra la corrupción y el mal gobierno pero sin cuestionar sus causas y
sobre todo a sus responsables.
Las encuestas del CIS ponen de manifiesto una y otra vez que la corrupción
política es uno de los principales problemas para los ciudadanos españoles: 9
de cada 10 españoles creen que está muy o bastante extendida. A esto se une la
desconfianza y desafección creciente en las instituciones, que alcanza en el último
barómetro del CIS máximos históricos. Los informes europeos apuntan en la misma
dirección, como revelan los datos del último informe de la Comisión sobre
corrupción de febrero de este año.
Según este informe, en nuestro país el soborno no es habitual, pero la
corrupción en sentido amplio constituye una grave preocupación. Si buscamos
consuelo, podemos recordar que tres cuartas partes de los encuestados europeos
piensan que la corrupción está muy extendida en su país. Eso sí, los países en
que más ciudadanos piensan que es así son Grecia (99 %), Italia (97 %),
Lituana, España y la República Checa (95 %). No es para estar muy orgullosos.
En todo caso, conviene recordar que la percepción de la corrupción tiene
mucho que ver con la falta de transparencia y de mecanismos de exigencia y
rendición de cuentas y con la falta de asunción de responsabilidades ya sean
jurídicas o políticas. En definitiva, con la percepción de la impunidad que
gozan los corruptos y los malos gestores tan característica de nuestro país. Y
es que según la definición ya clásica de Klitgaard corrupción = monopolio en la
toma de decisiones + discrecionalidad - rendición de cuentas.
La llamada teoría política del agente y el principal considera que los
problemas de corrupción y mal gobierno aparecen cuando el agente (el
representante político) coloca sus propios intereses por encima de los de su
principal (el ciudadano). Porque es frecuente que principal y agente no tengan
siempre los mismos intereses. Es más, lo normal es que sus intereses sean
divergentes, lo que constituye un incentivo para que el agente decida actuar en
beneficio propio y no en beneficio de su principal. Por ejemplo, haciendo
recortes en el gasto público muy sensibles para el ciudadano antes que recortes
en el gasto político, muy sensibles para el político.
Por otro lado, lo habitual es que el ciudadano no disponga nunca de toda la
información sobre la actuación de su representante político. Una cultura
política como la española, donde prevalece la opacidad, ofrece grandes
oportunidades para que el agente pueda actuar en contra de los deseos e
intereses del principal confiando en que con un poco de suerte, éste no se va a
enterar de cómo funcionan las cosas, o de que se enterará demasiado tarde. La
situación actual de los medios de comunicación en España contribuye de manera
decisiva al mantenimiento de esta situación, aunque finalmente algunos casos
acaben saliendo a la luz. Pero siempre se puede decir que son excepciones y no
la regla general.
Pero el problema más grave surge cuando el ciudadano no está tan deseoso
como podría parecer a primera vista de controlar al agente, es decir, a su
representante político. O dicho de otra forma ¿qué ocurre si el ciudadano está
dispuesto a hacer la vista gorda siempre que se trate de sus agentes? Pues que
se produce el fenómeno del sálvese quien pueda, de los que tantos ejemplos que
vemos a diario.
Efectivamente, la teoría política nos dice que las soluciones que pretenden
atajar la corrupción y el mal gobierno suelen funcionar en entornos de baja
corrupción donde se espera que los representantes políticos actúen en interés
de los ciudadanos. En esta situación, cuando se observan incumplimientos
puntuales, basta con introducir reformas que aumenten la exigencia de
transparencia y de rendición de cuentas, o que penalicen estas conductas para
desincentivarlas. Se trata de casos excepcionales, dado que el ciudadano es muy
exigente en la defensa de sus intereses y se esfuerza en controlar a todos los
políticos por igual, con independencia del partido al que pertenezcan como
sucede en los países con un menor nivel de corrupción como los nórdicos.
SIN EMBARGO, en países como Italia, Grecia y España en los que la
percepción social de la corrupción es muy alta, la mayor parte de los
ciudadanos cree que todos los agentes políticos son igualmente corruptos y que
siempre van a anteponer sus propios intereses a los suyos. Lo decisivo es que
esta mala opinión se extiende incluso a los nuevos agentes o nuevos partidos.
El ciudadano piensa que «todos son iguales» y que por tanto se van a compartar
como élites extractivas, por usar la expresión que ha popularizado Cesar
Molinas. Esta creencia dificulta enormemente la llegada de nuevos políticos,
que tienen que demostrar su inocencia, y beneficia a los que ya están
establecidos por corruptos que sean en la medida en que esa percepción o
favorece la abstención o les favorece a ellos. Efectivamente, si todos los
políticos son iguales, el ciudadano optará no por el más honesto o más
eficiente –que por definición no existe– sino por el más próximo.
Como ha señalado el profesor Bo Rothstein, de la Universidad de Goteburgo
(Suecia), especialista en el tema, en estos entornos se genera un círculo
vicioso de desconfianza general que incentiva aún más la corrupción y el mal
gobierno que resultan mucho más difícil de combatir.
Los ciudadanos ya no pueden confiar en los políticos, los empleados
públicos o simplemente en las personas que no conocen. Nadie cree de verdad que
las instituciones sean neutrales y que protejan y garanticen por igual los
derechos de todos los ciudadanos, por lo que es más seguro tener un contacto que
facilite las cosas. Predomina la confianza particularizada en los grupos,
familias, clientelas o partidos políticos por encima de la confianza en toda la
sociedad y en sus instituciones. Las empresas ya no piensan que pueden obtener
contratos públicos si no contratan al conseguidor de turno, o si no practican
de forma compulsiva la revolvingdoor y llenan sus consejos de administración de
ex políticos. Las redes informales de confianza sustituyen a las
institucionales y se instala la percepción del sálvese quien pueda o más bien
del salvemos a los nuestros que ahonda todavía más el círculo vicioso.
No parece exagerado concluir que en España nos estamos deslizando por esta
peligrosa pendiente. El entorno de crisis económica contribuye a agudizar el
problema, lo mismo que la voluntad de muchos responsables de la corrupción y el
mal gobierno de eludir los tribunales de Justicia. ¿Cómo salimos de esta
espiral? La respuesta no es fácil, pero sin duda pasa por convertirnos en
ciudadanos exigentes y en impedir que quienes dirigen una administración
pública puedan usarla de forma patrimonial para construir o mantener redes
clientelares que les mantengan en el poder con el dinero de todos los
contribuyentes. Para eso, lo primero es no votar a los partidos que hacen este
tipo de política y dar una oportunidad a los que no funcionan así. Tenemos una
gran oportunidad a la vuelta de la esquina.
Elisa de la Nuez es
abogada del Estado, fundadora de Claves y editora del blog ¿Hay derecho?
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