martes, 29 de julio de 2014

INTELECTUALES CONTRA LA VERDAD



El pasado imperfecto


                Se acaba de reeditar en Estados Unidos un libro de Tony Judt que apareció por primera vez en 1992 y que yo no conocía: Past imperfect: french intellectuals, 1944-1956. Me ha impresionado mucho porque yo viví en Francia unos siete años, en un período, 1959-1966, aún impregnado por la atmósfera y los prejuicios, acrobacias y desvaríos ideológicos que el gran ensayista británico describe en su ensayo con tanta severidad como erudición.
                El libro quiere responder a esta pregunta: ¿por qué, en los años de la posguerra europea y más o menos hasta mediados de los sesenta, los intelectuales franceses, de Louis Aragon a Sartre, de Emmanuel Mounier a Paul Éluard, de Julien Benda a Simone de Beauvoir, de Claude Bourdet a Jean-Marie Doménach, de Maurice Merleau-Ponty a Pierre Emmanuel, etcétera, fueron prosoviéticos, marxistas y compañeros de viaje del comunismo? ¿Por qué resultaron los últimos escritores y pensadores europeos en reconocer la existencia del Gulag, la injusticia brutal de los juicios estalinistas en Praga, Budapest, Varsovia y Moscú que mandaron al paredón a probados revolucionarios? Hubo excepciones ilustres, desde luego, Albert Camus, Raymond Aron, François Mauriac, André Breton entre ellos, pero escasas y poco influyentes en un medio cultural en el que las opiniones y tomas de posición de los primeros prevalecían de manera arrolladora.
                Judt traza un fresco de gran rigor y amenidad del renacer de la vida cultural en Francia luego de la liberación, una época en la que el debate político impregna todo el quehacer filosófico, literario y artístico y abraza los medios académicos, los cafés literarios y revistas como Les Temps Modernes, Esprit, Les Lettres Françaises o Témoignage Chrétien, que pasan de mano en mano y alcanzan notables tirajes. Comunistas o socialistas, existencialistas o cristianos de izquierda, sus colaboradores discrepan sobre muchas cosas pero el denominador común es un antinorteamericanismo sistemático, la convicción de que entre Washington y Moscú aquél representa la incultura, la injusticia, el imperialismo y la explotación y éste el progreso, la igualdad, el fin de la lucha de clases y la verdadera fraternidad. No todos llegan a los extremos de un Sartre, que, en 1954, luego de su primer viaje a la URSS, afirma, sin que se le caiga la cara de vergüenza: “El ciudadano soviético es completamente libre para criticar el sistema”.
                No se trata siempre de una ceguera involuntaria, derivada de la ignorancia o la mera ingenuidad. Tony Judt muestra cómo ser un aliado de los comunistas era la mejor manera de limpiar un pasado contaminado de colaboración con el régimen de Vichy. Es el caso, por ejemplo, del filósofo cristiano Emmanuel Mounier y algunos de sus colaboradores de Esprit, quienes, en los comienzos de la ocupación, habían sido seducidos por el llamado experimento de nacionalismo cultural Uriage, patrocinado por el Gobierno, hasta que, advertidos de que era manipulado por las fuerzas nazis de ocupación, se apartaron de él. Y yo recuerdo que, a comienzos de los años sesenta, ante unos manifestantes universitarios que querían impedirle hablar y le citaban a Sartre, André Malraux les respondió: “¿Sartre? Lo conozco. Hacía representar sus obras de teatro en París, aprobadas por la censura alemana, al mismo tiempo que a mí me torturaba la Gestapo”.
                Tony Judt dice que, además de la necesidad de hacer olvidar un pasado políticamente impuro, detrás del izquierdismo dogmático de estos intelectuales, había un complejo de inferioridad del medio intelectual, por la facilidad con que Francia se rindió ante los nazis y aceptó el régimen pelele del mariscal Pétain, y fue liberada de manera decisiva por las fuerzas aliadas encabezadas por Estados Unidos y Gran Bretaña. Aunque existió, desde luego, una resistencia local y una participación militar (gaullista y comunista) en la lucha contra el nazismo, Francia sola no hubiera alcanzado jamás su propia liberación. Esto, sumado a la cuantiosa ayuda que recibía de Estados Unidos, a través del Plan Marshall, en sus trabajos de reconstrucción, habría diseminado un resentimiento que explicaría, según Judt, esa enfermedad infantil del izquierdismo proestalinista que signó su vida intelectual entre 1945 y los años sesenta.
En el polo opuesto, destaca la figura de Albert Camus. No sólo lucidez hacía falta, en los años cincuenta, para condenar los campos soviéticos de exterminio y los juicios trucados; también un gran coraje para enfrentar una opinión pública sesgada, la satanización de una izquierda que tenía el control de la vida cultural y una ruptura con sus antiguos compañeros de la resistencia. Pero el autor de El hombre rebelde no vaciló, afirmando, contra viento y marea, que disociar la moral de la ideología, como hacía Sartre, era abrir las puertas de la vida política al crimen y a las peores injusticias. El tiempo le ha dado la razón y por eso las nuevas generaciones lo siguen leyendo, en tanto que a la mayor parte de quienes entonces eran los dómines de la vida intelectual francesa, se los ha tragado el olvido.
Un caso muy interesante, que Tony Judt analiza con detalle, es el de François Mauriac. Resistente desde el primer momento contra los nazis y Vichy, sus credenciales democráticas eran impecables a la hora de la liberación. Eso le permitió enfrentarse, con argumentos sólidos, a la marea proestalinista y, sobre todo, como católico, a los progresistas de Esprit y Témoignage Chrétien, que en muchas ocasiones, como durante las polémicas sobre el Gulag que desataron los testimonios de Víktor Kravchenko y de David Rousset, hicieron de meros rapsodas de las mentiras que fabricaba el Partido Comunista francés. Por otra parte, tanto en sus memorias como en sus ensayos y columnas periodísticas se adelantó a todos sus colegas en iniciar una profunda autocrítica de los delirios de grandeza de la cultura francesa, en una época en la que —aunque muy pocos lo percibieran entonces además de él— precisamente entraba en una declinación de la que hasta ahora no ha vuelto a salir. Nunca me gustaron las novelas de Mauriac y por eso descarté sus ensayos; pero el Past imperfect de Judt me ha convencido de que fue un error.
Sin embargo, no todo es convincente en el libro. Es imperdonable que, además de Camus, Aron y otros, no mencione siquiera a Jean-François Revel que, desde fines de los años cincuenta, libraba también una batalla muy intensa contra los fetiches del estalinismo, y que no resalte bastante la denuncia del colonialismo y el apoyo a las luchas del Tercer Mundo por librarse de las dictaduras y la explotación imperial, que fue uno de los caballos de batalla y quizá el aporte más positivo de Sartre y muchos de sus seguidores de entonces.
De otro lado, aunque la dura crítica de Tony Judt a lo que llama la “anestesia moral colectiva” de los intelectuales franceses sea, hechas las sumas y las restas, justa, omite algo que, quienes de alguna manera vivimos aquellos años, difícilmente podríamos olvidar: la vigencia de las ideas, la creencia —acaso exagerada— de que la cultura en general, y la literatura en particular, desempeñarían un papel de primer plano en la construcción de esa futura sociedad en que libertad y justicia se fundirían por fin de manera indisoluble. Las polémicas, las conferencias, las mesas redondas en el escenario atestado de la Mutualité, el público ávido, sobre todo de jóvenes, que seguía todo aquello con fervor y prolongaba los debates en los bistrots del Barrio Latino y de Saint Germain: imposible no recordarlo sin nostalgia. Pero es verdad que fue bastante efímero, menos trascendente de lo que creímos, y que lo que entonces nos parecían los grandes fastos de la inteligencia eran, más bien, los estertores de la figura del intelectual y los últimos destellos de una cultura de ideas y palabras, no recluida en los seminarios de la academia, sino volcada sobre los hombres y mujeres de la calle.

viernes, 18 de julio de 2014

LOS PARTIDOS POLITICOS,UN GRAVE PROBLEMA NACIONAL



El problema son los partidos políticos
MANUEL NÚÑEZ ENCABO      El  Mundo  17/07/2014
El autor reclama un cambio de la ley para adecuar las formaciones a las actuales exigencias democráticas Asegura que la nueva norma debería dar más participación a los ciudadanos en la vida política española
  SOMOS pocos los que venimos repitiendo que la actual crisis económica, política, social y de valores tiene como causa eficiente el funcionamiento del sistema actual de partidos políticos, que los ha convertido en la práctica en meros mecanismos para conservar y conquistar el poder para sus intereses particulares, por lo que la solución debe provenir prioritariamente de la aprobación de una nueva ley de partidos. La actual ley de 2002, que sustituyó a la meritoria de 1978, está desfasada y es absolutamente inadecuada ante los retos actuales, ya que se refiere casi en su totalidad a las preocupaciones de aquellos momentos para limitar la presencia directa o indirecta de representaciones violentas o terroristas. La nueva ley debe partir de una nueva lectura y desarrollo de los principios del artículo 6 de nuestra Constitución, con una definición clara de los partidos, que no deben ser considerados propiedad de sus afiliados, sino al servicio de los intereses generales de los ciudadanos.
   Se debe efectuar un desarrollo minucioso de su democracia interna con las diversas posibilidades de participación de afiliados y ciudadanos, clarificando la organización y la elección de sus gestores y representantes orgánicos desde la transparencia de quiénes y cómo se van a tomar las decisiones y determinando las responsabilidades personales con las consecuencias jurídicas, políticas y éticas que deben incluir el abandono de sus cargos y el límite de sus mandatos. En la nueva ley hay que recordar y poner en práctica el olvidado artículo 9 de nuestra Constitución, para comenzar a dar protagonismo a los propios ciudadanos, ya que corresponde a los poderes públicos «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Por ello, para la supervivencia de los partidos y recuperar su utilidad, es necesario comenzar con la tarea más urgente de finalizar con el monopolio de su poder, del que dependen ahora todos los órganos del Estado, no sólo el Legislativo y el Gobierno, sino también el poder judicial y los diversos órganos de instituciones públicas. Es imprescindible un nuevo pacto social para delimitar y complementar la actuación de los partidos y ampliar la participación y representación política a través de instituciones y asociaciones sociales como Colegios Profesionales, la Universidad, el Periodismo, Asociaciones de Protección Social, etcétera.
   En la situación de desprestigio actual, la nueva ley de partidos no puede ser elaborada únicamente por los propios partidos, sino que debe efectuarse siendo el primer ejemplo de pacto social con los interlocutores sociales. Como consecuencia de una nueva ley de partidos, y no antes, se debería acometer inmediatamente después la nueva legislación referente a su financiación y un nuevo sistema electoral adecuado. Estas medidas de regeneración pueden realizarse sin la excusa de la modificación de la Constitución que, en absoluto, es responsable de las malas prácticas políticas y sin mezclarlo todo con un debate tan superficial hoy, de Monarquía o República.
  Los ciudadanos ya son conscientes de la falta de credibilidad de las candidaturas propuestas por los partidos políticos. Si a ello añadimos la falta de legitimidad de ejercicio a causa de la corrupción, nos encontramos en una insostenible situación democrática, con efectos también en las emergentes formaciones políticas, que sin las exigencias de una nueva ley de partidos repetirán los esquemas antidemocráticos para su propio poder.
Manuel Núñez Encabo es catedrático europeo ad personam de Ciudadanía Europea y vicepresidente de la Asociación de Ex diputados y Ex senadores de las Cortes Generales.
Final del formulario

martes, 22 de abril de 2014

UN LIMITE A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

ELISA DE LA NUEZ
09/04/2014       eL    MUNDO
La corrupción engendra corrupción

La autora dice que cuando se legisla sobre regeneración siempre es a futuro y no para asumir responsabilidades Afirma que en los países en los que hay mayor percepción de la corrupción es más difícil luchar contra ella

AHORA QUE la contemplación diaria de los resultados de la corrupción y el mal gobierno generalizado nos ha dejado tan claro el pésimo funcionamiento de nuestras instituciones, especialmente de las de supervisión y control, el sistema político nacido en la Transición empieza a incurrir en una especie de esquizofrenia. Por una parte, tiene que atender al clamor ciudadano y a las recomendaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción –muy especialmente la transparencia– pero por otro lado quiere hacerlo intentando no comprometer el sistema clientelar subyacente y de captura de rentas públicas del que depende en gran medida su subsistencia. De ahí que las medidas de regeneración que se proponen sean siempre a futuro, y nunca obliguen a asumir las muy presentes responsabilidades del aquí y ahora, o que se pretenda controlar el frente judicial que tantos daños colaterales es todavía capaz de causar, ya sea vía CGPJ o con el nuevo Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. En fin, se persigue la cuadratura del círculo, luchar contra la corrupción y el mal gobierno pero sin cuestionar sus causas y sobre todo a sus responsables.
Las encuestas del CIS ponen de manifiesto una y otra vez que la corrupción política es uno de los principales problemas para los ciudadanos españoles: 9 de cada 10 españoles creen que está muy o bastante extendida. A esto se une la desconfianza y desafección creciente en las instituciones, que alcanza en el último barómetro del CIS máximos históricos. Los informes europeos apuntan en la misma dirección, como revelan los datos del último informe de la Comisión sobre corrupción de febrero de este año.
Según este informe, en nuestro país el soborno no es habitual, pero la corrupción en sentido amplio constituye una grave preocupación. Si buscamos consuelo, podemos recordar que tres cuartas partes de los encuestados europeos piensan que la corrupción está muy extendida en su país. Eso sí, los países en que más ciudadanos piensan que es así son Grecia (99 %), Italia (97 %), Lituana, España y la República Checa (95 %). No es para estar muy orgullosos.
En todo caso, conviene recordar que la percepción de la corrupción tiene mucho que ver con la falta de transparencia y de mecanismos de exigencia y rendición de cuentas y con la falta de asunción de responsabilidades ya sean jurídicas o políticas. En definitiva, con la percepción de la impunidad que gozan los corruptos y los malos gestores tan característica de nuestro país. Y es que según la definición ya clásica de Klitgaard corrupción = monopolio en la toma de decisiones + discrecionalidad - rendición de cuentas.
La llamada teoría política del agente y el principal considera que los problemas de corrupción y mal gobierno aparecen cuando el agente (el representante político) coloca sus propios intereses por encima de los de su principal (el ciudadano). Porque es frecuente que principal y agente no tengan siempre los mismos intereses. Es más, lo normal es que sus intereses sean divergentes, lo que constituye un incentivo para que el agente decida actuar en beneficio propio y no en beneficio de su principal. Por ejemplo, haciendo recortes en el gasto público muy sensibles para el ciudadano antes que recortes en el gasto político, muy sensibles para el político.
Por otro lado, lo habitual es que el ciudadano no disponga nunca de toda la información sobre la actuación de su representante político. Una cultura política como la española, donde prevalece la opacidad, ofrece grandes oportunidades para que el agente pueda actuar en contra de los deseos e intereses del principal confiando en que con un poco de suerte, éste no se va a enterar de cómo funcionan las cosas, o de que se enterará demasiado tarde. La situación actual de los medios de comunicación en España contribuye de manera decisiva al mantenimiento de esta situación, aunque finalmente algunos casos acaben saliendo a la luz. Pero siempre se puede decir que son excepciones y no la regla general.
Pero el problema más grave surge cuando el ciudadano no está tan deseoso como podría parecer a primera vista de controlar al agente, es decir, a su representante político. O dicho de otra forma ¿qué ocurre si el ciudadano está dispuesto a hacer la vista gorda siempre que se trate de sus agentes? Pues que se produce el fenómeno del sálvese quien pueda, de los que tantos ejemplos que vemos a diario.
Efectivamente, la teoría política nos dice que las soluciones que pretenden atajar la corrupción y el mal gobierno suelen funcionar en entornos de baja corrupción donde se espera que los representantes políticos actúen en interés de los ciudadanos. En esta situación, cuando se observan incumplimientos puntuales, basta con introducir reformas que aumenten la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas, o que penalicen estas conductas para desincentivarlas. Se trata de casos excepcionales, dado que el ciudadano es muy exigente en la defensa de sus intereses y se esfuerza en controlar a todos los políticos por igual, con independencia del partido al que pertenezcan como sucede en los países con un menor nivel de corrupción como los nórdicos.
SIN EMBARGO, en países como Italia, Grecia y España en los que la percepción social de la corrupción es muy alta, la mayor parte de los ciudadanos cree que todos los agentes políticos son igualmente corruptos y que siempre van a anteponer sus propios intereses a los suyos. Lo decisivo es que esta mala opinión se extiende incluso a los nuevos agentes o nuevos partidos. El ciudadano piensa que «todos son iguales» y que por tanto se van a compartar como élites extractivas, por usar la expresión que ha popularizado Cesar Molinas. Esta creencia dificulta enormemente la llegada de nuevos políticos, que tienen que demostrar su inocencia, y beneficia a los que ya están establecidos por corruptos que sean en la medida en que esa percepción o favorece la abstención o les favorece a ellos. Efectivamente, si todos los políticos son iguales, el ciudadano optará no por el más honesto o más eficiente –que por definición no existe– sino por el más próximo.
Como ha señalado el profesor Bo Rothstein, de la Universidad de Goteburgo (Suecia), especialista en el tema, en estos entornos se genera un círculo vicioso de desconfianza general que incentiva aún más la corrupción y el mal gobierno que resultan mucho más difícil de combatir.
Los ciudadanos ya no pueden confiar en los políticos, los empleados públicos o simplemente en las personas que no conocen. Nadie cree de verdad que las instituciones sean neutrales y que protejan y garanticen por igual los derechos de todos los ciudadanos, por lo que es más seguro tener un contacto que facilite las cosas. Predomina la confianza particularizada en los grupos, familias, clientelas o partidos políticos por encima de la confianza en toda la sociedad y en sus instituciones. Las empresas ya no piensan que pueden obtener contratos públicos si no contratan al conseguidor de turno, o si no practican de forma compulsiva la revolvingdoor y llenan sus consejos de administración de ex políticos. Las redes informales de confianza sustituyen a las institucionales y se instala la percepción del sálvese quien pueda o más bien del salvemos a los nuestros que ahonda todavía más el círculo vicioso.
No parece exagerado concluir que en España nos estamos deslizando por esta peligrosa pendiente. El entorno de crisis económica contribuye a agudizar el problema, lo mismo que la voluntad de muchos responsables de la corrupción y el mal gobierno de eludir los tribunales de Justicia. ¿Cómo salimos de esta espiral? La respuesta no es fácil, pero sin duda pasa por convertirnos en ciudadanos exigentes y en impedir que quienes dirigen una administración pública puedan usarla de forma patrimonial para construir o mantener redes clientelares que les mantengan en el poder con el dinero de todos los contribuyentes. Para eso, lo primero es no votar a los partidos que hacen este tipo de política y dar una oportunidad a los que no funcionan así. Tenemos una gran oportunidad a la vuelta de la esquina.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, fundadora de Claves y editora del blog ¿Hay derecho?

lunes, 27 de enero de 2014

ECONOMIA SUMERGIDA , ADMINISTRACION Y EMPRESA

JAVIER VILLUENDAS     JVILLUENDAS / MADRID
Día 27/01/2014      ABC   Madrid
acontecimientos)
Ram Bhavnani, uno de los principales inversores de nuestro país, dijo sobre España: «Si hubiera tanto paro nos mataríamos los unos a los otros». ¿Nos mataríamos? Quién sabe. Pero, sin entrar en antropologías: ¿quién sabe cuánta gente trabaja bajo cuerda?

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 11 de octubre. La voz amplificada por los micrófonos, y después por la prensa, radio y televisión, es la de Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta del Ejecutivo hace balance del año y medio del plan de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, «el más ambicioso de la historia reciente de nuestro país», y anuncia que el Gobierno ha detectado a 520.572 parados «que cobraban la prestación por desempleo y que trabajan en B». La cifra es más que impactante puesto que representa que alrededor del 20% de los receptores defrauda, ya que casi 2.800.000 parados recibían entonces algún tipo de prestación. Escasos minutos después de las palabras de Santamaría, fuentes del ministerio de Empleo aclaran los términos. Una gran mayoría de esos más de 500.000 falsos parados a los que aludía la vicepresidenta lo eran por problemas administrativos, como puede ser por no presentar los papeles necesarios o no acudir a la cita previa. Se trataba para la mayor parte de los casos de suspensiones temporales.
En agosto de 2010 ocurre algo similar. David Cameron, que lleva pocos meses como primer ministro del Reino Unido, promete una combativa campaña contra «el fraude y el error» en las prestaciones yque cuestan al contribuyente 5.200 millones de libras cada año, como «200 escuelas o 150.000 enfermeras». De nuevo, las cifras vuelven a bailar pegadas, error y fraude, ya que sólo 1.600 millones pertenecen a la segunda categoría, cantidad que además aúna las de dos carteras: Hacienda y Trabajo. Y para añadir más madera al debate de los números que no son, viene César Alierta, el presidente de Telefónica, y afirma que la economía sumergida en nuestro país, que él cifra en un 20% del PIB, distorsiona la tasa de paro, que en realidad es mucho más baja. Y que de alguna manera secunda lo que ya dijo Ram Bhavnani, uno de los principales inversores de nuestro país: «Si hubiera tanto paro nos mataríamos los unos a los otros». ¿Nos mataríamos? Quién sabe. Pero, sin entrar en antropologías: ¿quién sabe cuánta gente trabaja bajo cuerda?
«El paro indudablemente es real y la EPA está reconocida como una de las estimaciones más solventes. El que puedan trabajar en la economía sumergida no indica lo contrario. No me equivocaría si digo que todas esas personas están deseosas de encontrar un trabajo en la economía real», dice José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). «Se viene a decirnos que los "parados" son falsos porque muchos trabajan y son "empleados irregulares". Sin embargo, esta afirmación no es válida desde el punto de vista científico», comenta al respecto Domingo Carbajo, inspector de Hacienda, que habla también de que «sería bueno dejar en España de utilizar alegremente datos y cifras sin ningún contraste y sin ninguna validez en materias socialmente muy delicadas».
Precisamente con la última EPA de 2013 recién salida del horno, que informa de una tasa de paro mayor del 30% en Huelva, Toledo y Alicante, por ejemplo, y en vista de la paz social existente («Gamonales» aparte), la conclusión de Bhavnani hay que plantearla.«Que no haya situaciones explosivas en muchos lugares con elevadas tasas de desempleo viene motivado por una mayor cifra de economía sumergida, al colchón familiar y algunas instituciones.Creemos que hay una tasa alta de fraude laboral, pero datos oficiales no hay», explica el secretario general de Gestha.
«¿De verdad vamos a resolver el fraude o la economía sumergida si ni siquiera sabemos qué volúmenes alcanza?», se pregunta Carbajo, autor junto al catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, de un estudio que estima que la economía extraoficial alcanzó el año pasado el 28,7% del PIB. «Datos reales es difícil que se conozcan, pero el fraude laboral está bastante generalizado. Es un tema delicado porque enseguida te recuerda a las personas que están moviéndose lo que pueden o los que viven una tragedia familiar porque ningún miembro trabaja», dice Sandalio Gómez, profesor del IESE y experto en temas laborales, que añade:«Lo cortés y lo justo es actuar con dureza con los “caras” y volcarse con los más necesitados».
A mediados de este mes, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, adelantó que el plan de lucha contra el fraude laboralhabía conseguido aflorar 161.381 empleos irregulares en los dos últimos años. Como se ha mencionado antes, tal número incluye tanto el trabajo «en negro» como los errores administrativos de todo tipo o, por ejemplo, trabajar en una categoría inferior a la que se realiza y cobra. De nuevo se lanzaba una cifra sin desglose, aunque la ministra anticipaba el informe detallado que se hará público durante este primer trimestre de 2014. Pero, ¿es correcto ofrecer los datos de esta manera? «Esto es un defecto que hemos visto en la exposición y que creemos que aleja la cuestión», dice Mollinedo.
En un ejemplo se observa mejor la importancia del conocimiento minucioso. En el primer semestre de 2013, Empleo retiró a 60.004 parados la prestación por desempleo, según hizo público la propia Báñez en agosto, de los cuales a 5.833 se les quitó por recibirla a la vez que trabajaban ilegalmente. «Mirado en conjunto esas 5.000 personas no es una cifra muy abultada. Nosotros creemos que el foco no debería centrarse en el trabajador que intenta sobrevivir irregularmente sino sobre las empresas que pagan en B», apunta el representante de Gestha. «Como economista, no me parece serio el discurso de las "grandes cifras" del paro, economía sumergida, etc. si el mismo no va acompañado de una descripción de las fuentes estadísticas en las cuales se basan los datos y de las cifras utilizadas», afirma Carbajo, que hace distinción entre lo que él llama «afirmación política» y «afirmación científica», en un sentido como el que apunta el escritor británico Owen Jones en su libro «Chavs», en este caso referido al ejemplo inicial de Cameron:«Rebatir que el fraude en las prestaciones es exagerado no equivale a negar su existencia». Jones, de hecho, denuncia un uso torticero de las cifras por parte del líder de los conservadores británicos: «Se aseguraba que una cifra mucho mayor apareciera en los titulares asociada al fraude en las prestaciones y quedara grabada en la imaginación popular».
Hundidos en la economía sumergida
Ampliando el campo de batalla a la economía sumergida total, en la mayoría de estudios al respecto España ocupa un lugar en la parte alta de los países europeos con mayor impacto de este fenómeno, formando la triada de la ignominia junto a Italia y Grecia. Sin embargo, no hay datos oficiales sobre esta realidad, algo que, en opinión de Carbajo, revela que «los políticos no quieren decir la verdad en asuntos que no les interesan, a pesar de que si algo no se puede medir, no se puede resolver». ¿Por qué el porcentaje de economía irregular es tan alto?
«Para exponer las causas de la economía sumergida —que no son "culturales", como algún pensamiento xenófobo pretende, atribuyéndolas a los "rasgos de los pueblos latinos" y otras memeces racistas— necesitaríamos conocer de qué estamos hablando y tendríamos que precisar su contenido», insiste el inspector de Hacienda. Mollinedo apunta a causas de procedimiento para explicar el crecimiento de la economía extraoficial. Desde que se creó la Agencia Tributaria en 1992, explica, cada año sin excepción se han cumplido los planes y los objetivos establecidos, que se proyectan de una manera incremental, que suele ser añadir la inflación prevista. «Pero si miras los estudios de economía sumergida que se han publicado de manera no oficial, de manera oficiosa, como los de Funcas o los de distintas universidades, verás que todos coinciden en que la economía sumergida crece cada año en volumen». En conclusión, se cumplen siempre los objetivos pero cada año se incrementa la economía sumergida.
Según cuenta el secretario del sindicato de Técnicos de Hacienda, esta ineficacia en el sistema por supuesto que se ha planteado, aunque no con la acogida que cabría esperar. «Todos los gobiernos se han contentado con ir cumpliendo los objetivos cada año para ir ofreciendo unos datos muy buenos de lo bien que se ha quedado respecto al año anterior». O sea, otra vez a vueltas con el manejo de las cifras. Y, en la época del mantra de la reducción del déficit, Mollinedo cree que se está permitiendo que la economía sumergida exista en tamaña proporción, con la pérdida de ingresos que vendría de la mano de un mayor afloramiento.

«Hemos visto como con otras políticas administrativas han conseguido por ejemplo reducir la siniestralidad en el tráfico. Han sido necesarias muchas medidas coercitivas y también concienciación ciudadana. Se ha demostrado que los ciudadanos nos atenemos más al control de la velocidad, de alcoholemia,… Cuando hay una decisión para reducir un resultado, se consigue. Y con el fraude laboral y fiscal no ha habido esa implicación», sostiene el de Gestha, para plantear nuestra particular y bastante primordial gesta: «Queda mucho camino por recorrer, pero el primer objetivo es reorganizar el nivel de competencias para que tengamos mucha más ambición en la lucha contra la economía sumergida y no sólo en las pequeñas irregularidades». En efecto, se refiere al reparto de la tarta del fraude, al hermoso y mayoritario trozo que se comen las grandes empresas.